Cada Estado miembro es el único competente para dictar sus propias normas en materia de nombres y apellidos, puesto que no es una competencia exclusiva ni compartida con la Unión Europea.
Ante las diversas regulaciones que prevén, es frecuente que los Estados miembros rechacen reconocer apellidos determinados e inscritos en otro Estado miembro porque son incompatibles con su ordenamiento interno. No obstante, las autoridades jurisdiccionales de algunos Estados miembros han planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a diversos conflictos que han surgido en este ámbito porque podrían vulnerar el Derecho de la Unión.
Este presente trabajo pretende analizar los aspectos más relevantes e innovadores que ha pronunciado el Tribunal y la reacción de la doctrina. Asimismo, identificar los cambios que la jurisprudencia comunitaria sobre nombres y apellidos ha originado dentro del ordenamiento jurídico español, poniendo especial énfasis en la legislación y práctica registrales.
