¿Son legales los premios por jubilación de los funcionarios públicos? Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de enero de 2024, rec. nº 1573/2022

Abstract

La sentencia en torno a la que gira este comentario se centra en una cuestión que ha sido abordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en bastantes ocasiones en los últimos años, y que tiene una gran trascendencia práctica: ¿es legal que las Administraciones Públicas paguen premios por jubilación a sus funcionarios? Premios que, en algunos casos, son de cuantías elevadas. Como apuntamos en este trabajo, la respuesta es negativa, tal y como se defiende en la sentencia objeto de comentario y en otras muchas en los últimos años. Sin embargo, esta respuesta jurisprudencial crea, en la práctica, una brecha entre el personal funcionario y el personal laboral de las Administraciones Públicas.The judgment around which this commentary revolves focuses on a question that has been addressed by the Administrative Chamber of the Supreme Court on several occasions in recent years, and which is of great practical importance: is it legal for Public Administrations to pay retirement bonuses to their civil servants? Awards that, in some cases, are of high amounts. As we point out in this paper, the answer is no, as defended in the ruling under discussion and in many others in recent years. However, this jurisprudential response creates, in practice, a gap between the civil servants and the labour personnel of the Public Administrations.