En los últimos años, diversas instituciones públicas del Estado español han
programado, impulsado y ejecutado iniciativas relacionadas con la implementación de políticas públicas relativas a la «memoria democrática». Entre las iniciativas destacan la localización y exhumación de fosas comunes de represaliados y combatientes republicanos,
la elaboración de censos que recogen los datos y características de los difuntos a causa
del conflicto armado y la represión política, la creación de bancos de ...
En los últimos años, diversas instituciones públicas del Estado español han
programado, impulsado y ejecutado iniciativas relacionadas con la implementación de políticas públicas relativas a la «memoria democrática». Entre las iniciativas destacan la localización y exhumación de fosas comunes de represaliados y combatientes republicanos,
la elaboración de censos que recogen los datos y características de los difuntos a causa
del conflicto armado y la represión política, la creación de bancos de ADN públicos para
la identificación de víctimas y, especialmente, la nueva Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de España, la 20/2022, en virtud de la cual, los crímenes cometidos durante la guerra y la dictadura militar pueden ser revisados y juzgados por una fiscalía especializada, tipificándolos como crímenes contra la humanidad.
El presente estudio aporta nuevos datos, cuantitativos y cualitativos, relacionados con los
combatientes republicanos muertos durante el verano de 1936, en el contexto de la batalla
de Mallorca –tanto las bajas en combate como los asesinados en la retaguardia de los
sublevados tras ser capturados–, y que han de ser útiles para la correcta implementación
de las políticas de memoria democrática en Catalunya y las Islas Baleares.
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