Dada la complejidad de las estructuras empresariales actuales y como consecuencia de los numerosos escándalos financieros que se han producido durante las últimas décadas, las autoridades cada vez han venido promoviendo una mayor colaboración ciudadana para destapar y prevenir delitos. Una de las medidas tomadas por la Unión Europea (que será el centro de este trabajo), es la nueva Directiva 2019/1937 que pretende dar protección a las personas que denuncian un ilícito cometido en el seno de la organización ...
Dada la complejidad de las estructuras empresariales actuales y como consecuencia de los numerosos escándalos financieros que se han producido durante las últimas décadas, las autoridades cada vez han venido promoviendo una mayor colaboración ciudadana para destapar y prevenir delitos. Una de las medidas tomadas por la Unión Europea (que será el centro de este trabajo), es la nueva Directiva 2019/1937 que pretende dar protección a las personas que denuncian un ilícito cometido en el seno de la organización en la que trabajan (whistleblowers), frente a las posibles represalias que puedan tomar sus empleadores contra ellos por el hecho de haber denunciado. Para entender la importancia de la figura del whistleblower o el alertador, antes se analizará a modo de introducción la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español, ya que a raíz de la reforma del Código Penal de 2015 las corporaciones empezaron a establecer programas de cumplimiento para exonerarse de responsabilidad penal, para el caso de que se les imputase algún delito, y estos incluían canales de denuncia internos.
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