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Este artículo analiza una de las tensiones más importantes entre la protección de los derechos políticos -tanto de los funcionarios públicos elegidos popularmente como de sus electores- y las funciones disciplinarias de algunas autoridades administrativas. Esa tensión se profundiza en la medida en que las normas constitucionales nacionales y los tratados internacionales también protegen esas funciones de las autoridades disciplinarias con el fin de que estas persigan y sancionen la corrupción. El objetivo es preservar los recursos públicos que se destinan, entre otros fines, a la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La investigación propone que, en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, esa tensión se puede superar mediante una fórmula de mutua deferencia que puede ser aplicada en todos los Estados. La deferencia debe existir de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los Estados y de parte de las autoridades disciplinarias internas con los estándares establecidos por el tribunal interamericano. El artículo también señala las condiciones necesarias para que ocurra la mutua deferencia y advierte sobre los peligros de que la Corte Interamericana mantenga una interpretación textualista y austera del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(2018) Roa Roa, Jorge ErnestoLa publicidad como industria surge en el siglo XIX con la industrialización, la producción en masa y la expansión de la prensa; es entonces cuando, a partir de la necesidad de vender productos a gran escala, se desarrolló una actividad organizada en torno a agencias, medios y anunciantes. Sin embargo, aunque su objetivo principal ha sido siempre promover el consumo, la publicidad ha sido también, desde sus inicios, un vehículo de promoción de modelos culturales.
(2025) Arciniega Cáceres, Mittzy; Escobar Fuentes, Silvia; Salvador Mata, Bertran (2011) Robledo Silva, Paula; Roa Roa, Jorge Ernesto
El método negocial -como mecanismo para la elaboración de políticas que definan los límites y parámetros de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones indígenas- es un imperativo constitucional bajo el ordenamiento establecido por la Constitución Política de 1991. No obstante, el método negocial ha fracasado, porque dos décadas después de la aprobación de la Constitución no se ha desarrollado una verdadera concertación que permita la aprobación de una ley de coordinación entre jurisdicciones. El fracaso del método negocial se hace patente en que el establecimiento de los criterios de coordinación, la fijación de los límites y la resolución de los conflictos de competencia se ha hecho y deberá hacerse -hasta que el método negocial no tenga éxito- caso a caso por parte de los jueces del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Finalmente, el éxito del método negocial no garantiza la inexistencia de conflictos, ni debe ser excluyente de una aplicación conjunta con el método jurisprudencial.
(2014) Roa Roa, Jorge ErnestoMediante la aplicación de la metodología de estudio de caso, el comentario a la Sentencia Santo Domingo vs. Colombia se centra en aspectos estructurales sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano, en especial, el uso que la Corte Interamericana hace del Derecho Internacional Humanitario en situaciones que se producen en contextos de conflictos armados internos, la relación entre la jurisdicción penal militar y la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, los requisitos de los actos de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la interacción entre las instancias judiciales nacionales e internacionales en materia de reparación de violaciones a los derechos humanos. Por razones de oportunidad, se prescinde del análisis del pronunciamiento de la Corte IDH sobre cada uno de los derechos de la Convención Americana que fueron violados por el Estado de Colombia.
(2013) Roa Roa, Jorge Ernesto



